Colombia, guerra y paz [+VÍDEO]

Bogotá, COLOMBIA// Quedan pocos días para que las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo) rompan el cese al fuego unilateral pactado con el gobierno de Juan Manuel Santos en los inicios de los diálogos públicos de paz. Los representantes nacionales, que optaron por mantener a sus combatientes con armas alzadas, afinarán dentro de dos días su atención en el territorio.

Recién inaugurada la segunda fase del proceso de conciliación en La Habana (Cuba), hablamos con Ana Teresa Bernal*, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con ella tratamos los cinco puntos a debatir en las mesas de negociación para poner fin al conflicto armado interno más largo de la historia mundial contemporánea: políticas de desarrollo agrario integral; garantías para el ejercicio de la oposición política y participación ciudadana; la finalización de la guerra en sí misma; el narcotráfico; y los derechos de las víctimas, en su mayoría familias campesinas, comunidades indígenas y afroamericanas.

Vídeo de Mateo Romero, Juan Camilo Hernández y Noelia Vera

Contexto del proceso de paz en Colombia, 2012-2013

Tras una etapa de conversaciones exploratorias entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el pasado 4 de septiembre la firma de un acuerdo marco entre ambos grupos para desarrollar los llamados #diálogosdepaz, que se iniciaron durante la segunda quincena de octubre en Oslo (Noruega) con la intención de poner fin a más de 50 años de conflicto en este país.

En las primeras tomas de contacto se establecieron las normas del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”. La hoja de ruta definía tres etapas; en la segunda, (recién comenzada en La Habana y que se desarrollará en periodos de 11 días hasta mediados de febrero), participan en las mesas cinco representantes del Gobierno Nacional y cinco de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Presentes, cinco delegados más de cada una de las partes y fuera de la sala, un máximo de 30 personas como apoyo; según anunció el presidente de Colombia en su primera comparecencia pública al respecto.

Por parte del Gobierno del país participan el ex vicepresidente de Colombia, Humberto de la Calle Lombana; Luis Carlos Villegas, presidente de ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia); el ex director de la Policía Nacional, Óscar Naranjo; el general Jorge Enrique Mora Rangel; el ex ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Pearl; y el Alto Consejero para la Seguridad Nacional, Sergio Jaramillo.

Las voces de las Farc son las de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez”; Ricardo Téllez, alias “Rodrigo Granda”; Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”; Luis Alberto Alban, alias “Marco León Calarcá”; y la de Jesús Santrich. Todos considerados los guerrilleros más relevantes del momento.

Los países garantes de este proceso son Noruega y Cuba; los acompañantes: Venezuela y Chile.

A pesar de la propuesta de las Farc por acordar un cese al fuego mientras los procesos de paz se llevan a cabo, el Gobierno Nacional insiste en que “las conversaciones no son el fin de la guerra”, por lo tanto, no se reducirán las acciones bélicas en el territorio mientras duren los debates. La guerrilla, por su lado, retoma estos días las actividades armadas tras una concesión unilateral durante el periodo vacacional de diciembre y enero.

Ambas partes coinciden en la prioridad de agilizar esta segunda fase y de llegar a acuerdos reales.

Políticas de desarrollo agrario

Hasta ahora sólo se ha puesto sobre la mesa de negociación el primer punto de los cinco que conforman el proceso de paz: las políticas de desarrollo agrario. Comienza, así, la puesta en común sobre los siguientes temas:

  • Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
  • Programas de desarrollo con enfoque territorial
  • Infraestructura y adecuación de tierras.
  • Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
  • Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral.
  • Sistema de seguridad alimentaria.
Litoral del San Juan, Chocó (Colombia)
Litoral del San Juan, Chocó (Colombia)

Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia trasladaron esta semana a la mesa de negociación 546 propuestas debatidas y redactadas por la sociedad civil durante el Foro de Política de Desarrollo Agrario el pasado mes de diciembre. Participaron más de 1.300 personas, entre las que figuraban ONGs, comunidades indígenas afectadas, afroamericanas y colectividades campesinas; según sus organizadores. Se hace partícipe del proceso, de esta forma, a la población civil.

El jefe negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, pedía a la guerrilla de las Farc, sin embargo, que no usara por su lado la herramienta de la participación ciudadana como plataforma política “porque no puede haber una política armada en Colombia”, tema que afecta al segundo punto del proceso: la posibilidad de “oposición democrática y la participación ciudadana”.

Según Ana Teresa Bernal, lo que concierne a las políticas agrarias engloba el alma del proceso, pues el narcotráfico, los intereses de las multinacionales mineras y agrícolas; los afanes de terratenientes y ganaderos; y la inseguridad alimentaria de la población (difícil acceso a los productos de tierra y mar, la pérdida de diversidad, el empobrecimiento del campesinado y la política del transgénico, entre otros), o bien fueron los grandes motivos por los que la guerrilla comenzó a actuar, o bien han sido los principales motivos por los que miembros de la sociedad civil colombiana se han convertido en bajas mortales del conflicto o en desplazados de los territorios afectados.

Según un reciente estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia más de 20 millones de personas no pueden tener los productos básicos de subsistencia, lo que supone que el 34,1% de los colombianos vive en la pobreza y otro 10,6% en la indigencia.

El conflicto armado más reciente en cifras y víctimas

Niños de Taparal, Chocó
Niños de Taparal, Chocó

El año 2011 es el que dio el número más bajo de acciones bélicas desde 1990; sin embargo y en rotunda contradicción, ha sido el que más víctimas civiles y violaciones al Derecho Internacional Humanitario provocó en el país, según el informe “Conflicto Armado en Colombia durante el 2011”, del CINEP y el Programa por la Paz.

Se estima que han acontecido 130 desplazamientos entre el 1 de enero de 2012 y el 10 de diciembre afectando a más de 43.000 personas, un 83% más con respecto a 2011 y el doble frente al 2010. Colombia se convierte, así, en el segundo país en destierros a la sociedad civil tras Sudán, según ACNUR. Las fuentes oficiales del Estado estiman la cifra total desde que comenzara el conflicto en aproximadamente 2.500.000 de personas; según los estudios de agencias de cooperación internacional, organizaciones sociales y ONGs como CODHES, el número asciende a 5.500.000.

Los principales departamentos afectados con desplazamientos son Cauca, Nariño, Antioquia y el Valle del Cauca. Los motivos más destacados: las masacres, el enfrentamiento armado entre las partes, el riesgo de reclutamiento, el uso por parte de los grupos armados de la población como informantes y las presiones ejercidas en consecuencia; y las violaciones sexuales a la mujer.

Según el reporte internacional anual de 2012 del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, Colombia es el segundo país más sacudido en el abuso de menores por parte de acciones bélicas. El informe calcula que hay entre 8.000 y 14.000 niños soldados, 3000 asesinados por grupos paramilitares y que uno de cada cuatro combatientes de ambos bandos, es un menor.

Desde que comenzara el año 2013, con los procesos de paz abiertos, se han producido tres masacres en el interior del país.

*“Colombia necesita para que haya paz que se avance verdadera y profundamente en el respeto a los Derechos Humanos.” Ana Teresa Bernal.

Ana Teresa es presidente colegiada de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra -REDEPAZ- y miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Nacional -CNRR-. la directora de la Red de Iniciativas por la Paz. Formó parte del Consejo Nacional de Paz entre 1997 y el 2000 y tras la ruptura del proceso con las FARC, ha seguido promoviendo la salida negociada al conflicto en Colombia. Hoy es la Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Reconciliación y la Paz en Bogotá.

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